Al conocerse las condenas a muerte, la presión internacional se intensificó. La izquierda convocó movilizaciones en diferentes localidades. Por otra parte, a nivel diplomático, hubo peticiones de clemencia por parte del primer ministro sueco y líder socialdemócrata, Olof Palme, del presidente mexicano, Luis Echeverría, y del propio papa, Pablo VI.

Nada más conocerse la noticia de las cinco muertes, las protestas se extendieron por toda Euskal Herria, con una huelga general que duró varios días y manifestaciones multitudinarias en varias capitales europeas. La indignación provocó el incendio de varias embajadas españolas (Lisboa, México), y diferentes gobiernos democráticos pidieron la expulsión del Estado español de la Asamblea de la ONU.