Aunque hubo una oportunidad histórica de superar el régimen (ya que sufría muchas presiones), este mantuvo en todo momento el control del Estado. El Estado español había entrado en un proceso de democratización que se estaba demorando desde 1945, para pasar de ser un sistema autoritario a convertirse en un Estado formal de derecho homologado en Europa. Para ello contó con el apoyo de EEUU y la Comunidad Económica Europea, pero el nuevo régimen necesitaba también a los partidos de izquierda para consolidar el pacto entre las élites. Con la nueva democracia formal llegó la homologación del Estado español por parte de Europa, a pesar de que los pilares del régimen se mantenían inalterables. La Ley de Amnistía garantizó la impunidad a los responsables de los crímenes del franquismo, y la nueva Constitución dejó escrita por ley la sacrosanta unidad dogmática de España. De la noche a la mañana, medios de comunicación, políticos, oligarquías económicas, Ejército y estructuras judiciales pasaron de ser franquistas a ser demócratas: en lugar del Tribunal de Orden Público, la Audiencia Nacional; en lugar de Franco, el rey Juan Carlos I; en lugar de El Correo Español de la Falange, El Correo Español demócrata. Las fuerzas armadas siguieron igual. Muchos dirigentes del régimen franquista se convirtieron en líderes de esa «nueva España», como Fraga y Martín Villa. Francisco Franco ya lo había anunciado en 1969: «Todo ha quedado atado y bien atado».

De aquellos polvos, estos lodos. La presión por la ruptura no se ejerció solamente en Euskal Herria, pero la fuerza que tuvo aquí no la alcanzó en ningún otro lugar, sobre todo tras los primeros años. Por ello, sofocar la rebelión se convirtió en la principal tarea de la reforma. Por así decirlo, la transición, en lugar de ir contra el franquismo, cargó contra la rebelión vasca. De hecho, convirtió al movimiento de liberación nacional vasco en el principal enemigo para la cohesión interna.